En materia de rendición de cuentas algunos estados de la República se han convertido en "focos rojos".

Entidades como Veracruz, Puebla, Querétaro, Sonora y Campeche han reformado sus leyes locales en materia de Transparencia y Acceso a la Información en sentido contrario a lo que señala el artículo sexto de la Constitución.
El 31 de marzo de 2008, en Querétaro se publicó la reforma a la Constitución estatal que establecía en su artículo 33 la fusión de la Comisión Estatal de Información Gubernamental y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que dicho artículo atentaba contra el principio de especialización, señalado en el artículo sexto constitucional, y se les obligó a reponer el proceso.
Sin embargo, en la publicación de la nueva Ley de Acceso a la Información Gubernamental de Querétaro, en diciembre de 2008, se estableció que la "búsqueda" de la información debía tener un costo directamente relacionado con los recursos empleados.
El caso de Puebla es otra entidad donde se aprobaron reformas contrarias al artículo sexto constitucional.
En 2008, el Congreso local aprobó reformas a la Ley de Transparencia, en donde se establece que la Comisión para el Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla sería un órgano garante exclusivamente del Poder Ejecutivo, sin facultades de autoridad sobre los ayuntamientos, creándose organismos homólogos en los demás poderes y municipios.
  PENDIENTES EN PUEBLA El 16 de agosto de 2008, la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla promovió ante la Corte una acción de inconstitucionalidad, la cual a la fecha no ha resuelto.

Los artículos 48, 74 y tercero transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Campeche, publicados el 15 de julio de 2009, señalan que el derecho a la información no implica el permitir la consulta directa del expediente y que las unidades de acceso podrán impugnar las resoluciones de la comisión a través del juicio de nulidad, lo cual atenta contra el principio de expeditez y de especialización, al permitir que las resoluciones del órgano garante en materia de transparencia sean revisadas por un tribunal no especializado y en plazos excesivos, que perjudican a los solicitantes.
El 18 de agosto de 2009 se presentó acción de inconstitucionalidad, que a la fecha tampoco ha sido resuelta.
 MÁS RETICENCIAS En el caso de Veracruz, apenas este año el Congreso local aprobó, con 29 votos del PRI a favor y sin discusión, las reformas a la Ley de Transparencia, las cuales lesionan el Derecho de Acceso a la Información y la posibilidad de obtener de manera más expedita documentos, a través de la Ley de Transparencia de la entidad.
La modificación eliminó la obligatoriedad y definitividad de las resoluciones del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) para los sujetos obligados.
Y en Sonora, por ejemplo, una reforma que se presentó el año pasado aún no ha sido aprobada en los hechos para darle más facultades al Instituto de Transparencia Informativa en el estado, como el otorgar sanciones propias contra los servidores públicos que no cumplieran con la ley.
Según datos de asociaciones y agrupaciones expertas en transparencia, la entidad con más recursos de revisión fue el Estado de México (2 mil 360), seguido por el Distrito Federal (mil 227), Jalisco (717) y Morelos (538). La Federación reportó un total de 6 mil 38 recursos de impugnación en 2010.
Las entidades que presentaron un alto porcentaje de solicitudes recurridas son el Estado de México (16.5%), Morelos (12.8%), Nayarit (12.6%) y Veracruz (10.9).
En contraste, los estados que tuvieron un menor índice de solicitudes fueron Hidalgo (0.3%), Colima (0.1%), San Luis Potosí (0.1%) y Baja California (0.02%).