El expediente que abrió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la masacre de 72 migrantes en agosto de 2010, en San Fernando Tamaulipas, será reabierto, informó este martes el ombudsman Raúl Plascencia Villanueva.



La CNDH emitió en el mes de diciembre pasado la recomendación 80/2013 luego de concluir su investigación respecto a este caso.

El funcionario compareció ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado, y dijo que dio instrucciones al sexto visitador general de la organización que preside para que realizará lo conducente, según un comunicado de la CNDH.

Plascencia añadió se revisará el documento íntegro y si hace falta alguna diligencia que desahogar en la materia, se localizará a los familiares de las víctimas.

Explicó que en el expediente se confirmó la violación de los derechos humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica, al acceso a la procuración de justicia, a la verdad, al trato digno y al honor de los migrantes fallecidos.

“También se vulneraron los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica de los dos sobrevivientes, así como el derecho a la privacidad y protección de datos de identidad de uno de ellos, los cuales se difundieron”, destacó Plascencia Villanueva.

Aseguró que a solicitud de varios organismos, visitadores de esa instancia se trasladaron a Honduras, Guatemala, El Salvador y Estados Unidos, donde se ha entrevistado a cinco familiares.

El ombudsman comentó que durante la investigación del caso se presentaron obstáculos y dilación en la colaboración por parte de algunas instancias federales, ya que se le impidió a la comisión el acceso inmediato a la información que obraba en poder de la Procuraduría General de la República (PGR) indispensable para conocer la verdad de los hechos.

Alejandro Encinas Rodríguez, senador del PRD, criticó que la CNDH no escuchara a los familiares de las víctimas y no se verificó que se cumplieran las normas mínimas para la identificación de los restos, a pesar de que la Comisión tuvo conocimiento de deficiencias en el trabajo pericial y de errores por parte de la PGR en materia forense, según un comunicado del Senado.

El titular de la CNDH sostuvo que la recomendación 80/2013 no pretende rivalizar con los familiares de las víctimas de San Fernando, quienes han denunciado que no fueron consultados en la investigación.

Zoé Robledo, también senador del PRD, cuestionó el porqué la CNDH no atendió la petición de organizaciones sociales para que se concedieran medidas cautelares para evitar que la PGR procediera a la cremación de los cuerpos de los migrantes de San Fernando, en 2012.

“En el artículo 21 de la Ley General de Víctimas se prohíbe este procedimiento, por lo menos antes de que se haya comprobado científicamente la identificación de los cuerpos, se cumpla el procedimiento penal correspondiente o, por lo menos, después de notificarse a los familiares”, comentó el legislador.

Un total de 72 cadáveres (58 hombres y 14 mujeres) fueron encontrados en una fosa ubicada en el interior de un rancho al noreste del poblado de San Fernando, en Tamaulipas, al norte de México informó la madrugada del 25 de agosto de 2010, la Secretaría de Marina-Armada de México.

En abril de 2011, las autoridades encontraron otras 47 fosas en San Fernando en las que había más de 190 cuerpos.

Hasta agosto del 2013, las autoridades mexicanas habían identificado y enviado a sus familias a 60 de los 72 cadáveres encontrados en fosas clandestinas (58 hombres y 14 mujeres) y habían detenido a 11 personas relacionadas con el caso, de acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR).

El rancho en donde fueron encontrados 72 cadáveres de migrantes en San Fernando, en agosto de 2010